Carta a la Fiscalía 216: objeción moral y ética
Por: Javier Giraldo M., S.J. – Publicación: Jueves 19 de marzo de 2009
“Nadie será obligado a actuar contra su conciencia” (Art. 18)
(…) En julio de 1993, una comunidad campesina del centro del departamento de Bolívar me pidió intervenir para tratar de impedir una desaparición forzada. Habían presenciado una mañana cómo patrullas del Ejército se llevaron a un joven que trataba de embarcar dos toros en un bote y en la tarde lo vieron bajar ensangrentado y semidesnudo, casi sin poder moverse, arrastrado por soldados que se lo llevaron en una embarcación y no se volvió a tener noticia de él. La impresión que me transmitió la comunidad fue que quizás habrían intentado crucificarlo o lo habrían crucificado, pues sus manos y sus pies sangraban abundantemente. La denuncia que remití a la ONU inmediatamente, sirvió para que el Gobierno revelara su paradero, pero afirmando que su detención se había producido de acuerdo con las normas legales del Estado colombiano y que las heridas que tenía en su cuerpo se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su detención; que él había confesado ser guerrillero y que había sido condenado a prisión por autoridades legítimas y en un proceso con todas las garantías. La “verdad” que el Estado me estaba entregando a través de instituciones en las que yo había confiado y con las cuales había colaborado con
honestidad, me parecía tan distante de la verdad de aquellos campesinos a quienes había conocido directamente en una visita semanas antes, que decidí hacerme a una copia del expediente e ir a buscar al preso en la cárcel de Cartagena. Cuando yo le leía sus “declaraciones” él no salía de su asombro y me aseguraba que se habían aprovechado porque era analfabeta, pero que él jamás había dicho lo que allí estaba escrito.
Las torturas fueron reales y le introdujeron en las plantas de sus pies palos puntiagudos que lo dejaron con grandes dificultades para caminar. Un médico había firmado una constancia falsa y una abogada de oficio y una procuradora firmaron constancias de haberlo asistido en el juicio sin haber estado jamás con él. Aquél fue un encuentro con mecanismos perversos que atravesaban múltiples instituciones que se habían concertado para destruir a un pobre campesino analfabeta que no tenía cómo defenderse. Experimenté cómo se construyen falsas “verdades” que quedan consignadas incluso en las instancias de las Naciones Unidas. Estaba en presencia de una mentira que trataba de ocultar un crimen horrendo y que era avalada de consuno por numerosas instituciones del Estado: militares, policía judicial, Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, investigadores, jueces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Cancillería. Me pregunté si los oficiales de las Naciones Unidas le creerían al Estado y si yo habría quedado estigmatizado como “mentiroso”. Pude experimentar allí los costos de seguir los dictados de la conciencia; ello implicaba enfrentarse con demasiadas instituciones y pagar costos altos que lesionan la propia reputación. (…)
Para consultar documento completo diríjase a:
http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article170
www.javiergiraldo.org
Por: Javier Giraldo M., S.J. – Publicación: Jueves 19 de marzo de 2009
“Nadie será obligado a actuar contra su conciencia” (Art. 18)
(…) En julio de 1993, una comunidad campesina del centro del departamento de Bolívar me pidió intervenir para tratar de impedir una desaparición forzada. Habían presenciado una mañana cómo patrullas del Ejército se llevaron a un joven que trataba de embarcar dos toros en un bote y en la tarde lo vieron bajar ensangrentado y semidesnudo, casi sin poder moverse, arrastrado por soldados que se lo llevaron en una embarcación y no se volvió a tener noticia de él. La impresión que me transmitió la comunidad fue que quizás habrían intentado crucificarlo o lo habrían crucificado, pues sus manos y sus pies sangraban abundantemente. La denuncia que remití a la ONU inmediatamente, sirvió para que el Gobierno revelara su paradero, pero afirmando que su detención se había producido de acuerdo con las normas legales del Estado colombiano y que las heridas que tenía en su cuerpo se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su detención; que él había confesado ser guerrillero y que había sido condenado a prisión por autoridades legítimas y en un proceso con todas las garantías. La “verdad” que el Estado me estaba entregando a través de instituciones en las que yo había confiado y con las cuales había colaborado con
honestidad, me parecía tan distante de la verdad de aquellos campesinos a quienes había conocido directamente en una visita semanas antes, que decidí hacerme a una copia del expediente e ir a buscar al preso en la cárcel de Cartagena. Cuando yo le leía sus “declaraciones” él no salía de su asombro y me aseguraba que se habían aprovechado porque era analfabeta, pero que él jamás había dicho lo que allí estaba escrito.Las torturas fueron reales y le introdujeron en las plantas de sus pies palos puntiagudos que lo dejaron con grandes dificultades para caminar. Un médico había firmado una constancia falsa y una abogada de oficio y una procuradora firmaron constancias de haberlo asistido en el juicio sin haber estado jamás con él. Aquél fue un encuentro con mecanismos perversos que atravesaban múltiples instituciones que se habían concertado para destruir a un pobre campesino analfabeta que no tenía cómo defenderse. Experimenté cómo se construyen falsas “verdades” que quedan consignadas incluso en las instancias de las Naciones Unidas. Estaba en presencia de una mentira que trataba de ocultar un crimen horrendo y que era avalada de consuno por numerosas instituciones del Estado: militares, policía judicial, Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, investigadores, jueces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Cancillería. Me pregunté si los oficiales de las Naciones Unidas le creerían al Estado y si yo habría quedado estigmatizado como “mentiroso”. Pude experimentar allí los costos de seguir los dictados de la conciencia; ello implicaba enfrentarse con demasiadas instituciones y pagar costos altos que lesionan la propia reputación. (…)
Para consultar documento completo diríjase a:
http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article170
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