Por: Agencia de Prensa IPC Imágenes: Surimages-IPA publicación: 28/03/2008
La justicia debe ir más allá de castigar a los autores materiales de la masacre de 8 c
ampesinos, entre ellos tres niños, perpetrada el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño, y proceder contra quienes, desde el Alto Gobierno, mintieron para tratar de diluir la responsabilidad de los agentes del Estado involucrados en la comisión de este crimen. Así lo considera el sacerdote jesuita Javier Giraldo, uno de los promotores de esta iniciativa de neutralidad, tras conocer la decisión de la Fiscalía General de la Nación de vincular a quince militares a la investigación por el asesinato a machetazos de Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.
“Este crimen tiene muchos aspectos perversos, por eso creo que la justicia no debería quedarse en la sanción de los autores materiales del hecho. La justicia debería proyectarse también a los que colaboraron en la mentira, y ahí está todo el poder ejecutivo al más alto nivel”, expresa el padre Giraldo, quien aún se conmueve por este horrendo crimen, cometido por miembros de grupos paramilitares apoyados por tropas del Ejército Nacional adscritas a la Brigada XVII con sede en el municipio de Carepa.
Foto: surimages.com
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