Por: Iván Cepeda Castro Publicación: El Espectador
Hace una semana escribí un artículo en el que expuse una serie de hechos que se han presentado en Montería. No lo hice acusando a la ciudad ni a todos sus habitantes de ser criminales. Me merecen mucho respeto y admiración los ciudadanos honestos que en Córdoba han soportado el régimen de violencia y corrupción que ha querido ser impuesto.Simplemente señalé un hecho notorio: en un espacio social como ese era imposible desconocer la realidad del surgimiento y consolidación de un poder criminal, dejar de ver los miles de desplazados, despojados de sus tierras a orillas del río Sinú, y no saber que se cometieron masivas desapariciones forzadas que llevaron a muchas personas a fosas comunes. Tampoco desconocer la identidad de quienes ordenaban perpetrar esas atrocidades, pues ellos han habitado en el corazón de la ciudad, y tienen grandes propiedades y negocios que todo el mundo sabe que les pertenecen.
En un informe elaborado en junio de 2007 por la Organización Internacional del Trabajo, haciendo referencia a la situación de la Universidad de Córdoba, se afirma: “En cuanto a las alegadas presiones y amenazas sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, por parte del rector de la Universidad de Córdoba y jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (…) el Comité condena la existencia y actuación de las organizaciones paramilitares que declaran objetivo militar a los sindicalistas en violación de los derechos humanos y los principios de la libertad sindical.
El Comité recuerda al Gobierno su responsabilidad en la erradicación de tales grupos”. En el discurso que pronunció en Montería el 6 de mayo de 2008, el presidente Álvaro Uribe dijo: “El balance que nosotros tenemos durante nuestra administración es de un gran mejoramiento de la Universidad de Córdoba. (…) Yo tengo que apoyar al rector”. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, que un grupo bajo su mando controla la Universidad de Córdoba, y que los directivos y el rector de esa institución fueron nombrados en sus cargos por él.
El presidente Álvaro Uribe respalda al rector Claudio Sánchez Parra y avala su administración. O en otras palabras, el presidente Uribe respalda a un funcionario que designaron los paramilitares. Esa es la realidad llana y simple. Y por decir cosas como éstas he sido objeto de la ira y los agravios del mandatario. Del Presidente de la República no espero ni simpatía ni beneplácito. Pero sí que al menos haga un debate público con altura y dignidad.
Ni las calumnias ni las amenazas, veladas o explicitas, me harán desistir de los esfuerzos por acompañar a quienes buscan la verdad y la justicia en Córdoba. Invito a todas las personas que tengan información sobre los miles de crímenes que han sido perpetrados en ese departamento, sobre la ubicación de fosas comunes, sobre las tierras que han sido robadas y fraudulentamente legalizadas, sobre la identidad de los autores materiales e intelectuales de esos delitos, a que me envíen sus testimonios y a que los hagamos llegar ante los órganos judiciales, de investigación y de control. También invito a todos los compatriotas que residen en el exterior a que emprendamos una activa campaña de solidaridad con los empleados, profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba, por su derecho a la libertad y a la democracia. Esa es mi respuesta al presidente Uribe.
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