Un contexto necesario...
En ¡Basta Ya!
Colombia, memorias de guerra y dignidad, último informe realizado por el
Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el conflicto colombiano y los
procesos de resistencia que se han generado desde la sociedad civil, se señala
que uno de los delitos de lesa humanidad que más impacto ha tenido sobre los
colombianos es el del desplazamiento forzado. Según este informe, y siguiendo
las cifras más modestas, “entre el 2003 y 3l 2012, un total de 2.729.153
personas fueron desplazadas”[1],
lo que ha convertido al desplazamiento forzado en un “fenómeno masivo,
sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de
territorios estratégicos (…), a intereses económicos y políticos que presionan
el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios…” (CNMH, 2013:
71).
Paralelo a la crisis humanitaria generada por el
desplazamiento forzado de personas, se generan otros escenarios de conflicto a
la población desplazada y a las comunidades receptoras. Estos escenarios tienen
que ver con la transformación de las prácticas socioculturales; la pérdida de las
actividades económicas y de los medios de sustento propios de las comunidades y
personas desplazadas; la fractura del tejido social comunitario que se
construye en los procesos de poblamiento y habitación permanente del territorio
(en el territorio se construyen territorialidades, que no son otra cosa que los
modos socioculturales, políticos y económicos que se establecen en la relación
entre las comunidades y de ellas con los espacios físicos); el despojo de
tierras, la pérdida de las propiedades privadas y colectivas, el cambio de
vocación en los procesos productivos regionales, así como la apropiación y la
acumulación de tierras despojadas por parte de los actores de la guerra son otras
consecuencias que trae consigo el delito del desplazamiento.
Por su parte, las ciudades y comunidades receptoras de la
población en condición de desplazamiento sufren también los efectos del
conflicto, por cuanto son espacios que no se encuentran preparados económica,
política, cultural, psicosocialmente, para la recepción de estas comunidades y
personas en condición vulnerable: “Evidentemente la desterritorialización de un
grupo en particular tiene el efecto de desestructurar las diferentes redes de
intercambio que configuran el grupo. (…) La relación entre sujeto y espacio se
transforma de manera abrupta. Esta ruptura, la fractura del proyecto de vida,
se evidencia en algunas consecuencias de los desplazados al llegar a lugares
‘finales’ de habitación: el ingreso a barrios de invasión, espacialmente
segregados, la incursión a la economía informal o al desempleo” (Castillejo,
2000: 69).
En este escenario hay que destacar que Bogotá ha sido,
históricamente, la ciudad que recibe el mayor número de población desplazada en
el país. Según los informes del Sistema de Población Desplazada de Acción
Social (SIPOD), a “Septiembre 30 de 2011 había en el país un total de 3.775.416
personas en situación de desplazamiento forzado, equivalente a 867.756 hogares.
De este total entre 1997 y 2011, Bogotá recibió 320.518 personas, (82.637 hogares),
lo cual significa que la ciudad recibió cerca del 8,3% frente al total de
población Nacional”, lo que genera, por supuesto, grandes retos a la ciudad.
Estos retos tienen que ver no sólo con la urgente atención humanitaria y
psicosocial que requieren estas poblaciones bien-venidas de lejos, sino también
con procesos de carácter sociocultural que, inscribiéndose en la lógica de los
estudios de la memoria del conflicto, contribuyan en la indagación sobre los
aportes que estos procesos de migración forzada han hecho a la ciudad de Bogotá
porque, como dice William Ospina, “Todo lo que
se pierde queda escrito en el alma. Y sin duda, cuanto más dolorosamente se
perdió, y cuanto más querido era lo perdido, tanto más arraiga en la memoria su
huella. Porque nadie abandona con gusto lo que ama. Y la memoria es entonces
ese paraje, esa región que no puede sernos arrebatada...”[2]
[1]
Esta cifra tiene como soporte el cruce de información
de los informes de CODHES y el Registro Único de Víctimas, RUV. Otros informes
realizados por organizaciones no gubernamentales (incluyendo la misma CODHES),
señalan que el delito del desplazamiento forzado podría haber afectado entre
1985 y 2011, a un promedio de 5.288.206 personas (Cifras de CODHES citadas por
el portal web verdadabierta.com).
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